Toyota, líder mundial en la fabricación de vehículos, pagará casi 30 millones de dólares a distintas administraciones estadounidenses, para dar carpetazo a los litigios judiciales relacionados con llamadas a revisión efectuadas entre los años 2005 y 2010.

El grupo japonés ha llegado a este acuerdo con los fiscales generales de 29 estados y de un territorio de EEUU, tras el pacto adoptado por el consejo de administración de Toyota Motor Company en diciembre del año pasado.

Christopher Reynolds vicepresidente de Toyota Motor Sales USA y representante legal de Toyota Motor North America, subrayó que el pacto supone un adelanto para cerrar el tema de llamadas a revisión. “El convenio refleja el compromiso de los 37.000 empleados de Toyota en Norteamérica de situar a los clientes como la mayor prioridad”, amplificó.

El emporio asiático se implica en buscar el proceder de cómo hacer más accesible la información de sus vehículos. Asimismo, la organización acarreará distintas iniciativas centradas en el consumidor, conteniendo así la instauración de unidades de consulta rápida.